«Al estar incluidos, hombres y mujeres, en el objeto que nos esforzamos en delimitar, hemos incorporado, como esquemas inconscientes de percepción y de apreciación, las estructuras históricas del orden masculino; corremos el peligro, por tanto, de recurrir, para concebir la dominación masculina, a unos modos de pensamiento que ya son el producto de la dominación. Sólo podemos confiar en salir de ese círculo si encontramos una estrategia práctica para efectuar una objetivación del tema de la objetivación científica» [1]
«el mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuantes. El programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo en sí, en su realidad biológica: es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos de acuerdo con los principios de una visión mítica del mundo arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, inscrita a su vez, junto con la división del trabajo, en la realidad del orden social.» [2] Las excepciones históricas a esa resistencia podrían, en principio, exponerse en tres posturas. Esta clasificación solicita matices importantes a la hora de ser nombrada como resistencia patriarcal:
1) La prohibición:
La ilegalización, que dispone cárcel para las mujeres que ejerzan la prostitución. Esta postura aparece y desaparece de la legislación desde que hay legislación, y nos permite ver, en las películas, esas maravillosas escenas en las que la policía irrumpe en un prostíbulo para llevarse a las prostitutas a comisaría y mandar a sus casas a los hombres!?
La prohibición sería la postura conservadora que construye la estigmatización de la prostituta, condenando a esta con la falsa moral que caracteriza tantas veces a las morales adscritas a ideologías politizadas por prescripciones religiosas y clasistas. No supone una afrenta para el orden patriarcal, impone mandato de género a las mujeres, y su incumplimiento supondrá un castigo y penalización. 2) La reglamentación-legalización:
Prevé que existan zonas en la urbe donde se localice el fenómeno y, desde la irrupción de la sífilis o «mal de Venus» –como si solo la contagiasen las mujeres– la imposición de controles sanitarios a las prostitutas, para seguridad de los usuarios. Esta política fue aplicada, por ejemplo, por Napoleón Bonaparte, ese gran liberador y progresista.
La reglamentación supone un orden de legitimidad, asegurando la calidad del servicio para los usuarios, y responde históricamente a los intereses de los varones que se entienden a sí mismos sujetos a unas «necesidades sexuales» cercanas al reino animal, bamboleando el mismo orden patriarcal que los erigía como seres racionales, por oposición a la naturaleza femenina –este es el privilegio de los privilegiados, poseedores del «depende» clasificatorio de los sofistas, sin riesgo de perder su estatuto–.Actualmente la reglamentación es bandera de determinadas corrientes políticas de la izquierda y del feminismo. Los argumentos de dichas teorías podrían resumirse en tres aspectos: La prostitución es un trabajo –es una opción laboral requerida por las mujeres–; su regularización como oficio terminará con la especulación por parte de los proxenetas; y la prostitución emancipa sexualmente a las mujeres.
3) La abolición de las condiciones que configuran el fenómeno de la prostitución:
Dicha medida plantea una distancia radical respecto a las anteriores. El análisis que propone consiste en visualizar las condiciones de posibilidad para que haya prostitución: la figura del prostituidor y la figura del proxeneta, y abolir ambas, eximiendo de responsabilidad penal y moral a la mujer. Afrontar estructuralmente las condiciones económicas que propicien esta situación, disponiendo recursos para las mujeres. El movimiento feminista ha sido el movimiento social que ha exigido estas medidas.
La «relación» o «intercambio» que conforma la prostitución es posible en tanto que hay una demanda mayoritariamente masculina, e históricamente una oferta proporcionada por otra figura masculina que se encarga de la transacción económica. El intercambio de mujeres significa, por muchas interpretaciones que uno pueda aventurar, un orden de relaciones patriarcal. Así lo revela la teoría feminista desde los orígenes de su concepción.
En la segunda mitad del siglo XIX el abolicionismo –movimiento de agitación social–, considerando la prostitución un asunto político, reacciona críticamente frente a los sistemas reglamentaristas adoptados por los distintos gobiernos europeos, que en nombre de la salud pública someten policialmente a las prostitutas a controles sanitarios. Josephine Butler lidera, en Inglaterra, una campaña contra la ley de Enfermadades Infecto-Contagiosas de 1869. En 1875 funda en Liverpool la «Federación británica y continental a favor de la abolición de la reglamentación oficial de la prostitución», denunciando el proxenetismo y visualizando como responsables de la existencia de la prostitución a sus usuarios. Gracias a la militancia activa de Butler, en 1902 se celebra, en París, la 1ª Conferencia Internacional aprobando el Acuerdo Internacional Para la Represión de la Trata de Blancas que será firmado por trece países, entre ellos España. Desde entonces se suceden distintos tratados corroborando la abolición de las condiciones que posibilitan la prostitución; la impronta internacional se adquiere definitivamente el 2 de diciembre de 1949, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas firma el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, declarando la prostitución como un atentado contra los derechos humanos.
A partir de los años ochenta distintos países europeos incumplen dicho Convenio para distinguir entre prostitución forzosa y no forzosa –regulan el proxenetismo cuando no se empleen medidas coercitivas–, así el Estado Español consigue en 1995, reformando el código penal, abrir su mercado al comercio del sexo, colaborando en la extensión mercantilista y rentabilísima de esta industria. Puede decirse que España desde los años noventa es la gran especuladora de suelos y de cuerpos. Existen desde entonces gobiernos como el Holandés que al diferenciar prostitución forzosa de no forzosa, amplían tanto, tanto, el derecho al libre trabajo que acuñan conceptos jurídicos como «el derecho a la propia explotación».
La abolición es propuesta por las feministas ilustradas –Mary Wolstonecraft–, las activistas políticas –Josephine Butler, quien organizó el movimiento internacional contra la esclavitud sexual en el siglo XIX–, las feministas marxistas –como Alejandra Kollontay–, las anarquistas libertarias de principio de siglo –como Federica Montseny–, las feministas radicales norteamericanas –como Kathleen Barry–, feministas contemporáneas como Sheyla Jeffreys, feministas de la diferencia –como Luisa Muraro–, políticas feministas –como Marcela Lagarde– y los movimientos feministas de nuestro siglo que siguen luchando por la emancipación de la mujer, por la abolición de un estado patriarcal y, por tanto, por el fin de la esclavitud sexual.
La reglamentación es una postura política frente al fenómeno de la prostitución, que sí constituye a éste como asunto político, sus argumentos gozan de recursos que leemos en distintas publicaciones, escuchamos en los medios, y organizan sindicatos como CCOO.
Nuestro pensamiento crítico, nuestro compromiso teórico nos lleva a preguntarnos si la reglamentación es una excepción histórica a la narración del patriarcado, o si perpetúa el mismo orden patriarcal.
La situación actual de la industria del sexo plantea un serio problema para los derechos humanos. La realidad está configurada por cuatro millones de mujeres y niñas traficadas con fines de explotación sexual al año, a nivel mundial, según constatan las Naciones Unidas [3]. Es uno de los negocios más rentables de nuestra sociedad globalizada, está por delante del tráfico de drogas, su mercancía supone menos riesgos de transporte y es mucho más rentable, puede ser revendida hasta treinta veces [4].
La reglamentación quiere combatir el proxenetismo organizado, y la prostitución forzada, y para ello entiende que hay que legalizar la prostitución. Varios países han adoptado estatalmente estas medidas, entre ellos : Holanda, Alemania, Australia.
«La legalización y despenalización llevan al aumento de la industria de la prostitución. El tráfico de mujeres para cubrir los burdeles legales e ilegales es un resultado inevitable. Empresarios del sexo tienen dificultades en suplir sus necesidades con mujeres locales y las mujeres traficadas son más vulnerables y rentables. Las mujeres traficadas son colocadas por igual en los burdeles de Victoria, en los legales e ilegales. Pueden trabajar legalmente en burdeles legales con permisos de trabajo si los traficantes aplican el nombre del estatuto de refugiado. Los traficantes venden en Victoria las mujeres a burdeles legales e ilegales por un precio de $15.000 cada una. Las mujeres están endeudadas, así que las ganancias de su esclavitud no les llegan a ellas. Está habiendo investigaciones sobre varios burdeles suburbanos de los que hay sospechas de estar usando mujeres traficadas desde el Sudeste Asiático con vistas turísticas. La policía sospecha que están obligadas a tener sexo con 800 hombres antes de recibir ningún dinero para pagar las deudas contraídas con sus traficantes. Parece ser, según dijo el portavoz de la policía, que vienen aquí por encargo. Se estima que ganan $1 millón por cada mujer traficada a la semana.» [5].
La abolición enfrenta la problemática visualizando al prostituidor –que en los eufemismos neoliberales se llama a si mismo cliente– y al proxeneta –o en la misma progresiva banalidad denominado empresario del sexo–. Las tesis abolicionistas no fraccionan el fenómeno de la prostitución en categorías –voluntaria o forzosa–. A la vez que no se cesa de exponer las consecuencias de la reglamentación para el conjunto de las mujeres. Suecia desde el año 1999 es un país abolicionista; a las prostitutas ha dejado de denominárselas trabajadoras del sexo y se las considera en una situación económica extrema y con derecho a la prestación de recursos por parte del Estado. En Suecia el índice de mujeres y menores traficadas ha disminuido un 80%. En los países reglamentaristas los índices de tráfico se han triplicado, la CEDAW [6] considera en estado de alerta a estos países por fomentar una de las formas contemporáneas de esclavitud: la esclavitud sexual.
La compleja realidad del fenómeno de la prostitución convierte este asunto político en un asunto teórico. Althusser afirmó, en su análisis marxista, que a la realidad no le da lo mismo ser conocida que no. Tal vez éste sea el acto revolucionario al que compromete la teoría desde Grecia. La presente edición de Materiales nos ofrece el ágora requerido para la exposición de argumentaciones sobre este determinado asunto político y teórico, en donde el patriarcado capitalista despliega sus redes enseñándonos una orgía de voluntades, y ante la que los análisis estructuralistas aquí expuestos se esmeran en explorar con el fin de imponer, en el más sentido kantiano, las determinaciones que harán a una voluntad libre frente a una voluntad esclava, y la complicidad con ese sueño ilustrado que aún rejuvenece nuestros corazones de que un reino de los fines sea posible en esta tierra.
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